DASHCAM, el mejor aliado contra las infracciones

La policía se encuentra ante muchas situaciones de peligro y en las que es preferible documentar lo que sucede durante la patrulla para disponer de pruebas incriminatorias en el caso de que suceda un delito. Es por ello que cada vez más se está recurriendo a las DASHCAM, unas cámaras que disponen de un soporte, normalmente de ventosa, para ubicarlas en el cristal o el salpicadero del coche.

Pero ¿qué sucede con el derecho a la propia imagen de los terceros que son grabados? En este aspecto, la Ley ampara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que aunque la grabación sea realizada sin ser comunicado a los ciudadanos, ésta se realiza por motivos de vigilancia. De esta forma y según ampara la Ley Orgánica 4/1997: las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado pueden filmar la vía pública “a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”.

De este modo, la Ley sólo legitima a dichos funcionarios a tener tratamiento sobre las imágenes captadas en la vía pública. Establece además las condiciones en las que los cuerpos de seguridad deben realizar este tratamiento de imágenes, tomando como guía, el régimen sancionador de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) en el caso que se detecte incumplimiento por su parte.

Sabido esto, intuimos que como particulares tenemos que tener ciertos aspectos en cuenta si decidimos colocar este tipo de cámara en nuestro vehículo.

Uso privado de Dashcam

El uso de este tipo de cámaras está proliferando con fuerza y son muchos los países donde se permite su uso para evitar problemas ante un accidente de tráfico. Ese es el caso de Rusia, donde los conductores instalan las cámaras dashcam como pruebas ante infracciones. Dado que existe un alto índice de partes irregulares y fraudulentos en este país, este tipo de grabaciones están muy bien vistas por parte de las compañías de seguro. Pero, ¿sucede lo mismo en España?

En nuestro país, la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) se pronuncia ante una grabación que salga del ámbito privado y se convierta en videovigilancia, siendo asimismo competente para determinar si una grabación es privada o no. En este aspecto, la AEPD no se opone a una grabación privada, por lo que si instalamos una Dashcam para grabar nuestras vacaciones en coche por la costa de Croacia, por ejemplo, es una manera original de guardar nuestros recuerdos. Pero en el caso de que se trate de una videovigilancia, quien realiza la grabación debe cumplir con una serie de requisitos, que de manera obvia, nadie se plantea en el momento de instalar este tipo de cámaras. Para ello, se recomienda conocer la guía de videovigilancia de la AEPD actualizada a junio de 2020 (https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/videovigilancia/).

¿Dónde está la diferencia entre grabación privada y videovigilancia?

La línea es tan delgada que sería necesario estudiar cada caso particular. Pero para delimitar una diferencia, a grandes rasgos, la AEPD consideraría videovigilancia en el caso que se realicen grabaciones sin consentimiento de las personas que están siendo filmadas y en este caso, como ya bien hemos mencionado, sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su ejercicio como tales pueden hacer uso de este derecho.

En el caso de utilizar una grabación a través de una cámara Dashcam como prueba de un delito, esta será admitida teniendo en cuenta los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos.

Según los especialistas, si se emplea la cámara como uso particular es posible utilizar las imágenes grabadas para un procedimiento judicial pero NO para difundirlas a través de los medios de comunicación, Redes Sociales o Internet. En este aspecto, un tribunal aceptará como prueba las grabaciones en las que la persona demandante también haya sido parte, aunque conviene señalar que según la AEPD estas pruebas han sido obtenidas vulnerando los derechos fundamentales de otra persona y en este caso es posible que el juicio sea anulado. Pero también puede que el abogado defensor pelee lo suficientemente bien como para justificar y hacer prevalecer otros derechos basándose en los principios anteriormente citados como el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, como sería el caso del derecho a la información, cuando si es posible que el propietario de las imágenes tenga la vara ganadora.

En el caso de los youtubers que publican en sus redes rutas en coche o en moto, es recomendable que, ante el desconocimiento de las personas que están siendo grabadas por esta cámara Dashcam, se difumine y oculte cualquier información que permita identificar a las personas que aparecen en el vídeo y no hayan prestado autorización expresa para publicar sus imágenes. Es recomendable además que esta autorización sea escrita y no verbal puesto que ante situaciones problemáticas, “las palabras se las lleva el viento”.  

Ante todo este panorama, espero que seáis conscientes de utilizar vuestra cámara Dashcam para uso estrictamente privado y tener un bonito recuerdo de vuestro próximo viaje y dejar a la policía que sea quien descubra las infracciones y a la justicia quien castigue los delitos.

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